ORDEN
DE DETENCIÓN CONTRA CUATRO TORTURADORES DEL FRANQUISMO
Por Javier Coria
La
jueza argentina María Servini de Cubría ha pedido a la INTERPOL la extradición
de tres policías y un guardiacivil que están imputados en la causa 4591/10 por
delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la
dictadura Franquista entre 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, causa
conocida como la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo.
La orden se dictó el pasado 18 de septiembre contra los
policías Celso Galván, de 77 años,
que fue escolta de Franco y después en la Casa Real, acusado por varios
querellante como autor de torturas, además de ser uno de los tres policías que
participaron en el asesinato del estudiante Enrique Ruano, en 1969. Contra el
ex comisario José Ignacio Giralte
González, de 71 años, miembro de la Brigada Político Social (BPS) y
posteriormente del Cuerpo Nacional de Policía, sindicado también como
torturador. Contra el siniestro Juan
Antonio González Pacheco (en la foto), de 67 años, conocido como Billy el Niño, miembro destacado y condecorado de la BPS y que se
hizo tristemente famoso por su sadismo en los interrogatorios. Y contra el ex
guardiacivil Jesús Muñecas Aguilar,
de 74 años, acusado de torturas. Dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en
1994 y junto a otros guardiaciviles, rindieron homenaje al golpista Antonio Tejero.
Recordamos que entre los imputados por la jueza argentina,
además de los citados, están los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José
Utrera Molina, suegro del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así como Fernando Suárez Gonzáles, que fue Ministro de Trabajo en 1975, por
lo que formó parte del Consejo de Ministros que dio el “enterado” a los
fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, que acabaron con la vida de cinco
militantes antifascistas.
El gobierno de Mariano Rajoy tiene en sus manos el tramitar
o no la petición de extradición, que deberá estudiarse en Consejo de Ministros,
según informaron desde el ministerio de Justicia a El Diario.es, llegado el caso
de que la INTERPOL detuviera a estos individuos. El hecho de que esta querella se
esté tramitando en Argentina, dado que las víctimas españolas no encontraron la
justicia y la reparación en su propio país, y sabido las trabas que el gobierno
del PP ha puesto a todos los trámites de esta querella, como la interrupción de
las primeras videoconferencias de los querellantes con la jueza, no nos hace
albergar esperanzas sobre la colaboración debida a la justicia y la petición
que llega de Argentina. Si el gobierno diera el visto bueno a esta primera
diligencia, el caso pasaría a la Audiencia Nacional, que con su negativa podría
parar todo el proceso, y si diera su consentimiento, Rajoy y su gobierno
tendrían la última palabra y negar la extradición, que además podrían
justificar con alguna triquiñuela legal, que haberlas haylas, dejando eso sí, a
ciudadanos españoles indefensos y sin posibilidad de reparación y justicia.
Publicado originalmente en la Revista Rambla
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