Por:
Javier Coria.
El periodista Pascual Serrano acaba
de publicar el libro “Medios democráticos: una revolución pendiente en la
comunicación”, una mirada crítica a los grandes grupos de comunicación y a la
mercantilización de la cultura.
Generalmente,
en las sociedades neoliberales de occidente, se nos dice que la censura y la
falta de libertad de prensa son cosa del pasado y propio de regímenes
dictatoriales, y no les falta razón. Pero lo que no dicen es que dichos ataques
a las libertades se pueden ejercer de muchas formas, y se está haciendo hoy en
día: con oligopolios, con el poder del capital financiero y las grandes
corporaciones trasnacionales que controlan medios de comunicación y gobiernos.
El informe MacBride de la UNESCO, ya se decía en 1980: “La concentración de las fuentes de
información bajo control de grupos dominantes desemboca, cualquiera que sea el
sistema político, en un remedo de la libertad”. En el caso de España,
cualquier observador imparcial y crítico, puede ver que hay una involución en transparencia y democracia
en las empresas de comunicación y, por ende, el trabajo precario y la amenaza
de despido atenaza a los profesionales. El pasado año, un informe de la
universidad de Oxford publicado por
el Instituto Reuters, señalaba a los
medios españoles como los menos fiables
de los once países europeos estudiados, y los segundos menos creíbles de los
doce países estudiados de todo el mundo. Así están las cosas.
En
América Latina, hay países donde los grupos de comunicación y entretenimiento
privados, concentran el 95 por ciento del mercado y, paradójicamente, son los
primeros en convertirse en los heraldos de la pluralidad y la libertad cuando
se intenta ofrecer una televisión o radio pública. En Latinoamérica está
centrado el nuevo libro del periodista Pascual Serrano, especializado en
política internacional y crítico con los medios de comunicación tradicionales. “Medios democráticos: una revolución
pendiente en la comunicación” está editado por AKAL. El derecho a informar y a ser informado es un derecho de todo
ciudadano, y no sólo de los periodistas, y hoy este derecho está en peligro. De
todo ello hablamos con Pascual Serrano.
En su libro dice que la más
importante revolución que se está dando en los países de América Latina es la
de la comunicación. ¿Me puede explicar esto a grandes rasgos?
Es
muy difícil precisar cuál es la revolución más importante que se está dando en
las políticas de los gobiernos progresistas de América Latina. Los cambios para
redefinir los sistemas de participación ciudadana o la recuperación de los
recursos naturales son muy importantes. Lo que sí se puede decir es que la
revolución en las políticas de comunicación, y el debate que gira en torno a
ello, no tiene precedentes y, desgraciadamente, está siendo silenciada –cuando
no criminalizada- en Europa.
Usted dice que están dando avances
por un periodismo democrático y popular: Argentina, Ecuador, Venezuela,
Bolivia, etc. ¿De verdad cree que los gobiernos de esos países están
defendiendo la libertad de expresión?
Por
supuesto. Porque por libertad de expresión entiendo la posibilidad de que los
ciudadanos puedan expresarse en los medios de comunicación y, al mismo tiempo,
conocer con veracidad los hechos que suceden y la pluralidad de opiniones e
interpretaciones.
¿Pero en algunos de esos países hay
periodistas en las cárceles y, con los presos, los derechos humanos no se
cumplen, según observadores internacionales?
No
existe ningún informe ni estudio internacional que diga que hay más periodistas
en las prisiones de Venezuela, Ecuador, Argentina o Bolivia que en las de
España o Estados Unidos. En cuanto a los derechos humanos si analizamos el
último informe de Amnistía Internacional para comparar Venezuela y España
apreciamos que se violan en términos similares (La Marea, 25 de mayo). No nos engañemos, ni la libertad de
expresión ni los derechos humanos se respetan al máximo en ningún país. Ahora
los grandes medios de comunicación o el político de turno puede acusar a
Ecuador, donde un juez, que se basa en la ley aprobada por un parlamento
democrático, ha sancionado a un periodista por mentir; o a Arabia Saudí, donde
un tribunal islámico ha condenado a un bloguero a diez años de cárcel y mil
latigazos. Nuestra prensa dedicó mucho más espacio al primer caso.
¿Cómo actúan los grandes oligopolios
de los medios de comunicación en cuestión de la libertad de expresión y los
derechos laborales de los periodistas?
Para
empezar llamando libertad de expresión a su negocio. Es decir, que ellos puedan
seguir disfrutando de un oligopolio exclusivo para difundir noticias, que no
haya legislaciones que les regulen y puedan difundir falsedades o silenciar lo
que no les interese, que puedan vetar las voces que les resulten incómodas, que
puedan atacar de forma coordinada al político o líder social que no les guste,
etc.… En cuanto a los derechos laborales de los periodistas, como cualquier
otra empresa o peor: precariedad absoluta, incumplimiento de horarios
laborales, economía sumergida, ausencia de convenios colectivos, falta de
respeto a cualquier criterio ético que plantee el periodista… Eso sí, esas
mismas empresas que tratan así al profesional de la información, son las que
dicen que representan y garantizan el derecho de la información de los
ciudadanos.
En China, Rusia, Arabia Saudí, Qatar,
etc., no hay libertad de expresión, y se les critica, cuando se hace, con la
boca pequeña. ¿Tanto tienes, tanto callamos?
Las
críticas de los grandes medios están mediatizadas por intereses económicos. O
políticos influidos por esos intereses económicos. Se aprecia claramente en el
silencio informativo sobre las tropelías de los gobiernos de Arabia Saudí,
Qatar, Marruecos, México o Turquía. No se trata de si son poderosos, sino de si
sus gobiernos son amigos y las políticas que están aplicando son del gusto de
los poderes empresariales. Por eso Putin –que no estaba en los papeles de
Panamá- ocupó la portada sobre ese asunto; y Macri –que sí estaba- aparecía en
un rincón de la noticia al día siguiente. Por eso todos sabemos quien es el
presidente de Venezuela o Bolivia, y muy pocos saben quién es el presidente de
Perú o México.
Conocemos el oligopolio energético,
del dinero, las armas… ¿Por qué sabemos tan poco del monopolio de las palabras?
Es
que se habla de lo que quieren los propietarios de ese oligopolio. Es la prueba
más evidente de que existe ese oligopolio y de su poder. Han conseguido que se
hable de quienes controlan muchos sectores
pero nunca del sector mediático. Lo comprobé cuando escribí “Traficantes
de información”. Los que nos informaban de las corrupciones y delitos de muchos
sectores nunca informaban de los suyos. La información más difícil de conocer
era la que afectaba a los informadores.
En su libro, citando una entrevista
que le hizo a Francisco Sierra, director de CIESPAL, habla del lobby de la industria periodística
privada en Latinoamérica. Pone como ejemplos el “golpe de Estado mediático” del
Grupo Cisneros, en Venezuela, y la campaña de desprestigio del Grupo Clarín, en
Argentina. ¿En qué consistió, resumidamente, ese golpe y esa campaña?
El
legítimo presidente Hugo Chávez y todo el pueblo venezolano vivió en abril de
2002 el primer golpe de Estado de la historia planificado, organizado y
ejecutado por medios de comunicación. Hasta entonces algunos golpistas habían
tenido apoyo de algunos agentes mediáticos, pero no el liderazgo, fue el caso
del golpe de Pinochet contra el Chile de Allende. Como durante 48 horas los
golpistas creyeron que habían triunfado, no dudaron en vanagloriarse de su
éxito felicitándose los directivos de la televisión en una animada charla en un
plató de televisión emitida tras el golpe, incluso las declaraciones de los
golpistas fueron grabadas en las televisiones privadas los días anteriores.
Además, los acontecimientos previos al secuestro del presidente fueron una manifestación
opositora arengada por los medios, el desvío de esa manifestación para que
miles de personas exaltadas fuesen a asaltar el palacio presidencial y la
difusión por las televisiones de la falsa versión de que las fuerzas del orden
progubernamentales habían disparado y asesinado a varios civiles. Tras
comprobar el engaño y que su presidente había sido secuestrado por militares
golpistas, el pueblo venezolano reaccionó exigiendo la vuelta de Hugo Chávez y
logró reinstaurar el orden constitucional. Gracias a ello se pudo saber toda la
trama organizada para dar el golpe de Estado.
En
cuanto a Argentina, el grupo de Clarín lideró toda una campaña contra el
gobierno de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, que tuvo su
momento álgido en torno a la Ley de Medios que se aprobó durante la presidencia
de esta segunda. La norma establecía límites a la concentración de medios en
pocas empresas y distribuía un tercio de las licencias de radio y televisión a
las organizaciones sociales, entre otras muchas cuestiones que despertaron la
ira del principal grupo de comunicación argentino. Además, otra medida del
gobierno de Cristina Fernández era terminar con el monopolio del papel prensa
que tenían los dos grandes periódicos argentinos gracias a su connivencia con
la anterior dictadura.
¿Y en España tenemos algún ejemplo
parecido?
En
España los medios apoyaron esos dos mismos casos. El editorial de El País al día siguiente del golpe de
Venezuela, apoyándolo, es antológico, y la campaña contra el gobierno argentino
tras la nacionalización de Repsol tremenda. Además las medidas
anticoncentración de la Ley de Medios argentina afectaban al grupo Prisa, de
forma que los medios de ese grupo español también se unieron a la campaña de
Clarín. En líneas generales el ataque de los grandes medios españoles a todos
los gobiernos progresistas latinoamericanos que pudieran crear dificultades a
los negocios de las multinacionales españoles era constante, además de en
Venezuela y Argentina, en Bolivia, Ecuador, Cuba…
Cuando los gobiernos manipulan y
falsean la realidad, por ejemplo con el caso de las “armas de destrucción
masiva” que justificaron la guerra de Irak… Además del expresidente José María
Aznar que nunca reconoció la falsedad, ningún medio de comunicación occidental
pidió disculpas por participar del engaño. ¿Sale gratis mentir?
Totalmente
gratis. Hemos tenido medios pagando a testigos para que mintieran en el caso de
los atentados de Atocha. A las televisiones (incluidas las públicas) exponiendo
armas de manifestantes que resultaron ser mentira o a TVE exponiendo e
insinuando que la persona que aparecía desnuda en una foto era la presidenta de
Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.
¿Son posibles unos medios de
comunicación públicos basados en criterios profesionales y de calidad?
Es la
gran esperanza del periodismo de hoy. Hace falta una legislación que no los
proscriba ni coarte, algo que no hay en España, donde las televisiones sin
ánimo de lucro no pueden facturar más de cien mil euros al año, y las radios
cincuenta mil. Es decir, la ley las condena a ser precarias y limitadas por si
acaso no lo hace el mercado. Por otro lado, la ciudadanía debe comenzar a
asumir una corresponsabilidad en la viabilidad de esos medios cooperativos. La
información cuesta dinero y si, a diferencia de lo que sucede con la sanidad y
la educación, el Estado no colabora con esos medios ni garantiza la pluralidad,
deberá ser la sociedad la que lograse que fuesen viables mediante
suscripciones, ayuda en la difusión, etc…
¿Cómo está ayudando Internet a esto?
Sin
duda está facilitando mucho. Por un lado mediante el abaratamiento de algunas
acciones (llamadas telefónicas, envío de fotografías, grabación de vídeos,
difusión, etc.) que estaban reservadas a grandes empresas y ahora son
accesibles a medios pequeños. Es evidente que Internet ha roto ese oligopolio
comunicacional que tenían las grandes empresas, eso sí, también ha traído
nuevos problemas: saturación de información, mucha basura y mucho ruido, una
trivialización de los contenidos, una falta de control sobre la veracidad. Me
temo que ha democratizado algo la información, pero ha democratizado mucho la
desinformación, ahora ya cualquiera puede mentir e intoxicar.
Ciertos medios de comunicación, en
España, presentan lo que son filtraciones policiales o judiciales, siempre
interesadas y a veces manipuladas, como trabajo de investigación. ¿Qué opina?
Eso
ha sucedido siempre. Detrás de la gran mayoría de las informaciones hay una
fuente interesada. Esa expresión de que periodismo era contar algo que alguien
no quería que se supiese, hoy es lo más alejado de la profesión. Es otro de los
problemas de la rentabilidad y el mercantilismo del sistema. Son más baratas
las informaciones que te regala una fuente interesada que las que debes buscar
porque están escondidas.
La Ley Mordaza ya empezó a cobrase
sus primeras víctimas. ¿Cómo valora eslestado de la libertad de expresión en
España?
El
problema es que por libertad de expresión se entiende la libertad con la que
una poderosa empresa difunde lo que quiere. En eso no hay muchos problemas, el
problema surge cuando la empresa no es poderosa, sino pequeña y díscola. Y si
entendemos que el legítimo usuario de la libertad de expresión es el ciudadano
y no la empresa de comunicación. Es decir, si los ciudadanos pueden difundir en
prensa, radio o televisión noticias y opiniones que son relevantes. Y si los
ciudadanos tienen garantizado que reciben una información plural y veraz. Todo
eso no se garantiza, ni ahora con la Ley Mordaza ni antes.
Gracias por su tiempo.
En el
libro de Pascual Serrano queda claro una cosa: Los grandes medios privados de
comunicación -en cuyos consejos de
administración se sientan representantes de la banca, de grandes corporaciones,
del Opus, de la Bolsa, de constructoras etc.-, cuando se trata de enfrentarse a
gobiernos u opciones políticas más o menos progresistas, pasan de la
información a la propaganda, y de ahí, a
la acción política directa. Esto es un hecho. En este ensayo hay dos ejemplos
entre muchos, y en la actualidad española podíamos citar más. Dos ejemplos de
Brasil y México, respectivamente: Judith
Brito es directora del diario conservador “Folha de São Paulo”, en una entrevista para el periódico “O Globo” (18-3-10) declaró: “Puesto que la oposición se encuentra
profundamente debilitada, son los medios de comunicación los que, de hecho,
deben desempeñar ese papel”. Luego está la investigación del diario
británico “The Guardian” (8-6-12),
donde se revelaba que la cadena mexicana “Televisa”,
que copa el 70 por ciento de la audiencia, vendió sus servicios al PRI para “realzar” la figura del candidato Peña Nieto, y denigrar en lo posible a su rival de la izquierda, Andrés Manuel López
Obrador. Esto más tarde se confirmó con los cables destapados por WikiLeaks.
Pascual Serrano (Valencia, 1964) se licenció en
periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Tras sus comienzos en la
prensa tradicional, “ABC”, fundó “Voces”, revista editada por Izquierda Unida.
Fue asesor editorial de “Telesur”, un medio público de Venezuela. En la
actualidad colabora en “Le Monde Diplomatique”, “Público”, “Diagonal” y varios
medios Latinoamericanos. Es miembro de varios Consejos de Redacción, entre ellos
de la revista satírica “El Jueves”. Junto a un grupo de periodistas creó
“Rebelión.org”, un diario electrónico alternativo. Como ensayista ha publicado:
“Desinformación. Cómo los medios nos
ocultan el mundo”, con prólogo de Ignacio
Ramonet; “La prensa ha muerto: ¡Viva
la prensa!” y “Traficantes de
información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles”,
entre otros libros.
Publicado
originalmente en la revista Rambla/Público
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