Por:
Javier Coria. Fotos: Francesc Sans y Madiapro.
En estos días se está
presentando el documental “Las cloacas de Interior”, un trabajo de
investigación que desentraña las maniobras de guerra sucia y persecución de los
oponentes políticos en el seno del Ministerio de Interior del gobierno del PP.
Marcelino Martín Blas
Nueve
meses de trabajo de producción y dos años de investigación, se resumen en los
80 minutos del documental “Las cloacas de Interior” que, producido por
Mediapro, recoge el trabajo de los periodistas de Público Patricia López y Carlos Enrique Bayo. Con la realización de
Andrea Ferrando, guión de Jaume Grau y dirección de Jaume Roures, entre las
muchas entrevistas que se recogen en la película, están las de cuatro policías
que por primera vez hablan a cámara. Se trata de Marcelino Martín Blas, ex jefe
de Asuntos Internos de la Policía; el comisario Jaime Barrado, el más
condecorado funcionario de la policía española; el sargento de la Guardia Civil
José Oreja y un funcionario del Ministerio del Interior que permanece en el
anonimato y que en el documental oculta su rostro con una máscara. Algunos de
los destinatarios de las maniobras de intoxicación, dosieres falsos,
difamaciones, etc., también dan su testimonio en el documental, como es el caso
de los políticos Pablo Iglesias, Xavier Trias o el magistrado Baltasar Garzón.
En
la sede de Mediapro Barcelona acudimos a un pase de prensa donde pudimos
recoger los testimonios de Jaume Roures y Carlos Enrique Bayo. Por la tarde,
más de mil personas asistieron al pase en el cine Aribau para ver un documental
que, hasta la fecha de escribir esta crónica, ninguna televisión de ámbito
estatal quiere emitir. Sí alguna televisión autonómica, también se proyectará
en el Parlamento Europeo y está pendiente su exhibición en el Parlamento
español, aunque hasta la fecha, los grupos políticos del mismo no se han puesto
de acuerdo. Cuando termine su recorrido comercial, el documental será de libre
acceso en la red.
Jaume Roures y Carlos Enrique Bayo
Podemos
decir que la guarra sucia y la utilización de las fuerzas de Seguridad del
Estado como una policía política y al servicio de amiguetes, poderosos y las
grandes fortunas, no comienza con el actual gobierno del PP. Desde la siniestra
Brigada Político Social del franquismo (BPS), hasta en los gobiernos de UCD,
PSOE y del PP, se han dado estas prácticas. El primer gobierno del PSOE, por
ejemplo, se negó a renovar la cúpula policial y las estructuras heredadas del
la dictadura franquista. Esta falta de ruptura con el franquismo es para muchos
la causa de muchas de las prácticas antidemocráticas de hoy en día, que no sólo
se dan en la policía o Guardia Civil, sino que se extiende entre fiscales,
jueces y demás miembros de la judicatura; y cómo no, entre los medios de comunicación
y periodistas que, a cambio de prebendas y discutibles exclusivas, colaboran
con los policías corruptos. Claro que el primer gobierno de Felipe González dio
un paso más, cuando bajo su mandato se creó el grupo parapolicial GAL, que
practicó Terrorismo de Estado a cuenta de los fondos reservados, fondos que hoy
también se utilizan para comprar testigos falsos, operaciones ilegales,
montajes como lo del “Pequeño Nicolás” o los presuntos pagos a María Victoria
Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola o al empresario Javier de la Rosa. Lo
grave es que, en casos tan flagrantes de corrupción como lo son los del clan
familiar del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, las
prácticas ilegales de esta policía paralela o brigada política, pueden hacer
que las causas abiertas sean desestimadas por defectos de forma. Para Jaume
Roures:
“Las libertades democráticas
están siendo atacadas desde todos los sitios y en este país que,
desgraciadamente, tiene poca cultura democrática; los recortes que nos dejamos
hacer de las libertades continuarán si nadie es consciente del nivel al que
están llegando”.
Aunque
el documental arranca con el caso que destapó Público sobre las escuchas telefónicas al entonces ministro del
Interior Jorge Fernández Díaz, que en conversación con el exjefe de la Oficina
Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso en junio de 2016, se desprenden las
maniobras para desprestigiar a los dirigentes políticos catalanes que propugnan
el referéndum sobre la independencia de Catalunya, en el film se abordan otros
casos como el Interligare -contratos de adjudicación a la empresa que da nombre
al caso a la que pertenecían antiguos mandos de la policía. El ministro del
Interior de entonces era Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE-; Elisa Pinto –caso
del presunto acoso sexual del empresario Javier López Madrid (amigo del rey
Felipe VI y yerno del poderoso empresario Juan Miguel Villar Mir) a esta
dermatóloga que sufrió amenazas y dos apuñalamientos cuando quiso denunciar.
Entre los investigados por las amenazas y los apuñalamientos están varios policías,
entre ellos el excomisario José Manuel Villarejo, que trabajaba para López
Madrid; informe Veritas –otro trabajo de Villarejo que consistió en la
elaboración de falsos dosieres para desprestigiar al juez Baltasar Garzón que
estaba investigando las actividades del GAL-; la trama de espionaje dentro del
PP de la Comunidad de Madrid, la Operación Catalunya; Caso Palau; el informe
PISA, sobre la financiación de Podemos; el caso de la agencia de detectives
Método 3 de espionaje a políticos. Lo que demuestra un modus operandi que socaba
los mismos cimientos de la democracia. Baltasar Garzón nos dice:
“El informe Veritas era el
síntoma de una enfermedad, corrosiva, interna, cancerígena, que era la mala
praxis de los servicios de información, de contrainteligencia, de un modo de
hacer y de actuar desde aparatos del Estado que estaban corrompidos desde sus
propias bases”.
Baltasar Garzón, que sabe de esto como cuando le tocó a él aplicar la Ley Antiterrorista y cerrar periódicos y desatender denuncias por torturas, por cierto, aunque reconoció que... "Quizás nos sobrepasamos en la aplicación de Ley Antiterrorista", como ahora se está haciendo en el Caso Alsasua, por cierto.
Baltasar Garzón
Pero ¿Quiénes
son los verdaderos antisistema?
CASO TRIAS
Al
exalcalde de Barcelona Xavier Trias, miembro del CDC, hoy en el PDeCAT, partido
impulsor del referéndum por la independencia de Catalunya, se le relacionó con
una cuenta en Suiza opaca a la hacienda española; información que resultó ser
falsa. Sobre ello nos cuenta Carlos Enrique Bayo:
“En la conversación entre el
ministro de Interior y De Alfonso, el ministro insiste una y otra vez en que la
información, falsa, sobre Trias tiene que salir a la luz…, tiene que ser
filtrada en el plazo de una semana máximo. Justo antes del proceso
participativo no vinculante del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya. Con el
objetivo de desacreditar a los promotores de dicha consulta”.
Por
su parte, el propio Xavier Trias da su opinión:
“Es esperpéntico escuchar al
ministro hablando de Xavier Trias como si fuera un amigo y resulta que está
tramando una manera de acabar con una persona que se dedica a la política. Te
quedas escandalizado. Siempre digo lo mismo, yo sabía que el señor Fernández Díaz
era deshonesto, pero gracias a la publicación de estas conversaciones, todo el
país se entera que es profundamente deshonesto. El único que no se ha enterado
es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy”.
El
periódico El Mundo fue el elegido
para filtrar las falsas acusaciones contra Trias:
“Tuve un careo a través de una
radio con el director del El Mundo y
le anuncié que les pondría una querella. Al día siguiente su diario publicaba
en portada el número de mi supuesta cuenta en Suiza. Fue una suerte para mí, ya
que eso me permitió ir al banco suizo para que me hicieran un certificado donde
se demostraba que yo nunca tuve una cuenta en ese banco”.
Xavier Trias
Incluso
los números no correspondían a los utilizados por dicho banco. La noticia de El Mundo se publicó el 27 de octubre de
2014 y la firmaban Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro. Se han
acreditado más de 200 comunicaciones entre la cúpula policial y los periodistas
del El Mundo, entre ellos con el
inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, José Villarejo y el comisario, conocido
como “El Gordo”, Enrique García Castaño, todos ellos presuntos miembros de una policía
política al servicio del gobierno de turno. El periódico ABC también recibió la misma información, pero no la publicó por
considerarla poco fiable. A mediados de noviembre de 2016, el juez que instruía
la querella presentada por Xavier Trias contra los tres citados informadores de
El Mundo apreció caracteres de
delito en la actuación de los periodistas. Los redactores de El Mundo dejaron muy claro ante el juez
que la información que publicaron sobre Xavier Trias procedía del Ministerio
del Interior. Hace poco se supo que el funcionario Fuentes Gago viajó a Suiza a
investigar sobre Xavier Trias, con la oposición del fiscal. Y que Interior
fletó un avión a Ginebra, que pagamos todos, buscando cuentas del exalcalde. La
actividad del entramado político-policial no se limita al territorio español.
Los testimonios cruzados de los hermanos Cierco (propietarios de Banca Privada
de Andorra) con Martín Blas, revelan maniobras ilegales para conseguir las
cuentas opacas del clan Pujol. El exjefe del gobierno andorrano y exabogado de
los hermanos Cierco, Jaume Bartumeu, denuncia presiones y coacciones por parte
de la policía española y una actuación que viola la soberanía de un país
extranjero. Dice Bartumeu:
“Mediante el procedimiento
informático de vaciado de archivos, se llevaron todos los archivos de todas las
cuentas de los clientes de Banca Privada de Andorra”.
LA OFICINA SINIESTRA
En
el documental, como ya dijimos, hay un testimonio de un anónimo funcionario de
Interior:
“Mi decisión de salir en una
entrevista, y denunciar, si se puede llamar así, es por la situación enquistada
en la Dirección General de la Policía de manipulación política que se está
dando últimamente”.
La
periodista de Público, Patricia López, nos dice que
actualmente hay una caza de brujas para detectar a los funcionarios que están
colaborando para destapar todo este entramado. Por ello este funcionario se ve
obligado a esconder su rostro y distorsionar su voz. Nos sigue contando:
Funcionario anónimo
“La competencia del ministro de
Interior es la coordinación y dirección policial, pero no la de encargar
investigaciones a la carta o por interés partidista”.
¿Se
puede hablar de una brigada política?
“Es una brigada política
compuesta por mandos policiales de la máxima confianza del ministro –actualmente
exministro Jorge Fernández Díaz-. Por
ejemplo, el Director Adjunto de Operativos (DAO), Eugenio Pino, para este tipo
de operaciones que se podían denominar “alegales”, se sirve de inspectores
jefes de su máxima confianza, como Fuentes Gago, Bonifacio Díaz, etc., luego
hay otra rama que dirigía el comisario Villarejo, y una tercera rama que se ha
denominado “La Oficina Siniestra”, que está ubicada en la calle Rafael Calvo de
Madrid, junto a la sede de la Dirección General de la Policía. A esta oficina
se le ha atribuido la realización de una serie de informes, que bien se han
elaborado y dirigido para defender a personas que son afines a esta brigada, o
para atacar a compañeros o funcionarios que se han atrevido a denunciar lo que
está ocurriendo en la policía, como es el caso de los ataques al comisario
Jaime Barrado”.
Jaime Barrado
EL “PEPITO GRILLO” DE LA
POLICÍA
El
multicondecorado y hoy jubilado, comisario Jaime Barrado, movido por la “repugnancia” de las cosas que ha visto
en los últimos años de ejercicio de su profesión, declara:
“En mis cuarenta años de
policía, en mi vida había visto, o había sospechado, que un grupo de policías
se dedicaran a proteger a los malos en contra de las víctimas de los delitos”.
Para
Barrado está claro quién está detrás de este entramado:
“A la mano negra yo le pongo
nombre, es Villarejo”.
En
los años noventa, el secuestro de la joven Anabel Segura conmovió a la sociedad
española. El comisario Barrado, después de una larga investigación, fue el
responsable de la detención de los autores del secuestro y asesinato de la
joven. Patricia López habla sobre Barrado:
“Jaime Barrado es el policía
constante, cabezota, obcecado, que hasta que no resuelve un caso no para. Él en
el grupo de secuestro, se dedicó a investigar muchos asesinatos sin resolver o
que no se encontraron los cadáveres. Aún hoy, sigue en contacto con las
familias de las víctimas y sigue dándole vueltas a estos casos para poder
acabar lo que en su momento no pudo cumplir”.
El
comisario Barrado también fue víctima de la brigada política, sufrió
represalias cuando investigaba el “Caso Interligare”:
“Interligare era la investigación
de la corrupción policial. Eran tres comisarios que habiendo estado metidos en
empresas, no pagaban a Hacienda o a la Seguridad Social. Nos pusimos a tirar
del hilo hasta que descubrí que los malos estaban siendo advertidos por José
Luis Olivera Serrano, que era mi jefe más inmediato”.
Patricia López
Jaime
Barrado propuso la detención de los tres comisarios implicados, Luis Luengo,
(exdirector general de infraestructuras del Ministerio de Interior cuando lo
dirigía Rubalcaba –PSOE-); Miguel Ángel Fernández Rancaño, (comisario exjefe
superior de Policía de Madrid) y Gabriel Fuentes González (excomisario general
de Información). A los tres días el comisario Barrado fue cesado y destinado a
la comisaría de Chamartín. Fue allí donde Barrado se dedicó a la investigación
del acoso y apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto. Barrado trató de tomar
declaraciones a Javier López Madrid. Nos cuenta:
“Ahí empezó eso que, para un
policía, te incentiva, que es cuando empiezas a recibir llamadas extrañas y
contestaciones raras y mentiras. Por ejemplo, el señor López Madrid tenía que
ver con la empresa OHL, del Grupo Villar Mir, pues evidentemente, por ello me
pongo en contacto con el jefe de seguridad de la empresa. Y me dice el jefe de
seguridad, no quiero decir su nombre, que… “López Madrid es desconocido total
en esta empresa”.
La
agresión física que recibió la doctora, advirtiéndola que dejara en paz a
Javier López Madrid, fue denunciada en la comisaría de Chamartín. Nos cuenta
Barrado:
“Preparo un juego de
fotografías, lo que hacemos todos los policías, para levantar un acta de
reconocimiento fotográfico, que es la previa. Entre varias fotografías de
individuos con las mismas características físicas, pongo la foto del individuo
éste, conocido como José Villarejo, y Elisa Pinto lo reconoce sin ningún género
de dudas. Es tan observadora esta mujer, que me dice que en esa fotografía
estaba muy joven, es ese, pero tiene más años cuando me apuñala. Yo entrego al
jefe superior de la policía de Madrid las diligencias donde, presuntamente,
está implicado un comisario de policía como autor de varios delitos y, a los
dos días, me cambian de comisaría y me destinan a una comisaría conflictiva, la
de Carabanchel. Nadie me dice por qué (…). El sistema está tan corrupto que
expulsa a los decentes”.
También
le abrieron un expediente al comisario Barrado que terminó con la suspensión de
empleo y sueldo. Presentó un recurso, y la Sección Séptima del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid dictó a su favor diciendo que la credibilidad
del comisario Jaime Barrado estaba fuera de toda duda. ¿Y la mano negra?
UN MALVADO NECESARIO
En
la historia reciente de España tenemos ejemplos de esos personajes oscuros que
maniobran entre las cloacas sirviendo a oscuros intereses, como los policías José
Amedo y Michel Domínguez, el espía Francisco Paesa, Luis Roldán, el corrupto
político exdirector de la Guardia Civil en la época del gobierno del PSOE, etc.
Ahora, casi como una estrella mediática, tenemos a un comisario que,
curiosamente, no está adscrito a ninguna comisaría, pero pertenece a la DAO,
aunque esto también está en duda. Nunca firma sus informes como es preceptivo,
con su número de carné profesional, se trata del antiguo miembro de la BPS y
del Sindicato Profesional de Policía, José Villarejo, implicado en los falsos
dosieres contra Garzón donde se relacionaba al exjuez con narcotraficantes.
Ofreció sus servicios extrapoliciales para tapar el asunto del ático de Ignacio
González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid por el PP, y en
prisión por el “Caso Lezo”, la trama de corrupción del Canal de Isabel II.
Villarejo también participó en el caso del “Pequeño Nicolás”, el presunto apuñalamiento
de Elisa Pinto, “Operación Catalunya”, etc.; además de ser un empresario
millonario, aunque él dice que su entramado de empresas tiene “un objetivo policial”. En algunas de
sus empresas, como Schola Iuris, que
imparte máster a estudiantes de derecho, sus profesores son altos mandos de la
policía, la Guardia Civil y sobre todo, magistrados y fiscales. Ahora podemos
entender la red de impunidad que rodea a este sujeto. Cada vez que un policía
quiere investigar a este hombre, como le pasó a Barrado, termina suspendido o
trasladado.
Sobre
José Villarejo dice Barrado en el documental:
“Es un auténtico mafioso”.
Uno
de los empresarios utilizados en la “Operación Catalunya” contra Xavier Trias
fue Javier de la Rosa, que presuntamente cobró por ello.
LA “MORTADELA” DE JAVIER DE LA
ROSA
José
Villarejo, para contactar con el empresario Javier de la Rosa y utilizarlo como
testigo en el caso Pujol y Trias, utilizó una de sus identidades falsas, como
Manuel Pérez Villar, abogado. Con otra de las testigos, María Victoria Álvarez
Martín, Vicky, se presentó como Javier Hidalgo, periodista. Todo ello sin
control judicial, ya que el trabajar con identidades supuestas está regulado
por la ley 5/99, que es la norma para agentes encubiertos. En las conversaciones
intervenidas entre Villarejo y De la Rosa se deduce un acuerdo, el empresario
dará información sobre el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y
Villarejo solucionará sus problemas legales y económicos. De la Rosa sólo cobró
una parte del dinero prometido, dinero que en parte salió, según unos wasap
entre el pequeño Nicolás y De la Rosa, del presunto sindicato Manos Limpias,
con lo que el círculo de la mafia político policial se cierra. Javier de la
Rosa, en comunicaciones con el pequeño Nicolás –Francisco Nicolás Gómez
Iglesias- siempre le está reclamando su “mortadela”,
la mortadela que le han dejado a deber. Al parecer, José Villarejo le prometió
400.000 euros al empresario y sólo le pagó la mitad. De la Rosa le dijo al
pequeño Nicolás al recibir el primer pago que de todas formas pasaría por la “Charcutería de Manos Limpias”.
¿Y
la fiscalía? ¿Ha abierto diligencias ante estos hechos delictivos? Cuanto
menos, citando sólo el caso de los seguimientos ilegales en las disputas
internas del PP de Madrid… ¿No hay una malversación de fondos públicos por
intereses de partido? Pues hasta ahora no hay medidas de la fiscalía, es más,
los grupos parlamentarios del PP, PSOE y C’s pactan liquidar la comisión de
investigación sobre la cloacas de Interior, como ha informado recientemente Público. Esto es un albañal que pone en
cuestión el estado democrático de España.
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