EL GOBIERNO BOICOTEA LAS DECLARACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
EN EL CONSULADO DE ARGENTINA
Por
Javier Coria
Como ya informamos en Rambla, una docena de querellantes en la
causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo estaban citados,
en diferentes días, para declarar por
videoconferencia ante la Juez Federal de Argentina, María Servini de Cubría. La
primera toma de declaraciones estaba prevista para el pasado día 8 de mayo,
pero fue suspendida por una comunicación del Ministerio de Exteriores español
que, acogiéndose a un defecto de forma, pedía la suspensión de los testimonios.
Recordemos que es la segunda vez que se frustran acciones legales en este
proceso, como fue la suspensión del viaje de la magistrada a España, a la que
no se le dotó, por parte de la Corte Suprema de Justicia Argentina, de los
medios y días necesarios para tomar declaración a más de 97 personas repartidas
por toda la geografía española.
Estaban
citados a las 13 horas en el consulado de Argentina, sito en el número 90 de la
calle Serrano de la capital de España, en el mismo edificio de la embajada. A
la prensa se le había prohibido asistir a las declaraciones, en la puerta se
mezclaban los periodistas con los declarantes y las personas que apoyan esta
causa de justicia universal que lleva ya tres años abierta. No era difícil ver
en el rostro de los presentes la emoción del momento, sería un día histórico,
se escucharía a las víctimas, quizá, sólo quizá, en algún momento las personas
estarían por encima de los negocios y las componendas políticas. Tres eran los
comparecientes en esta primera jornada, a saber: Merçona Puig Antich, una de
las tres hermanas de Salvador Puig Antich, el joven anarquista ejecutado a
garrote vil el 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona. Pablo
Mayoral Rueda, procesado en el Consejo
de Guerra que terminó con el fusilamiento de su compañero del PCE (m-l) y el
FRAP, Xosé Humberto Baena el 27 de septiembre de 1975. Y Pedro Fausto Canales
cuyo padre, con 29 años de edad, fue asesinado junto a seis compañeros durante
la guerra civil.
Sería
duro rememorar todo aquello, aunque valdría la pena tanto esfuerzo por
recuperar la dignidad de la memoria, pero no pudo ser, de momento, ya que las
videoconferencias fueron suspendidas tras recibir una nota del Ministerio de
Asuntos Exteriores del Gobierno del PP. En la notificación de la jueza
argentina a la que este redactor ha tenido acceso, la magistrada escribe: “Buenos Aires, 8 de mayo de 2013-
Encontrándome en el recinto de mi despacho, donde se encuentra instalado un
equipo de videoconferencia (…), y a fin de recibir las declaraciones
testimoniales a residentes españoles, ordenadas en autos, recibí siendo las
8,30 h un llamado telefónico, en donde su interlocutor, el Embajador Argentino
en el Reino de España, Carlos Bettini, me informó que se había comunicado con
esa Representación, el señor Director de Asuntos Consulares del Reino de
España, manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de
ese país, el procedimiento que se utilizaría para la recepción de los
testimonios, al encontrarse el mismo fuera del tratado bilateral suscripto por
ambos países, no cumpliendo las formas, y que de realizarse aquellas podrían
resultar nulas y afectar los derechos de los ciudadanos españoles (…). La
jueza termina su comunicación pidiendo que se suspendan dichos testimonios.
Comunicación de la jueza (clicar encima para ampliar)
En
la nota del Ministerio, de la que también tenemos copia en esta redacción, se
declara. “(…), en relación con la
noticias aparecidas en los medios de comunicación (…), sobre la toma de
declaraciones (…) a testigos españoles (…), en relación con una causa sobre
genocidio durante la guerra civil española y el franquismo, tiene el honor de
solicitar de esa Embajada información sobre esa noticia”. Ya es curioso
que, después de tres años de abierta la causa, las autoridades españolas tengan
que enterarse por la prensa del curso de la misma y soliciten información a la
legación argentina. Y sigue el comunicado: “Cabe
recordar que para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional
será de aplicación el Tratado Bilateral de Extradición y asistencia judicial en
materia penal (…), requiriendo (…), la solicitud debidamente cursada mediante
Comisión Rogatoria dirigida al Ministerio de asuntos Exteriores (…), tal y como
ha sido el caso con respecto a diligencias similares practicadas con
anterioridad”. Al parecer, según nos informan, esto último no ha sido
siempre así, como veremos seguidamente.
Nota Ministerio Exteriores (clicar encima para ampliar)
RUEDA
DE PRENSA EN BARCELONA
El pasado día 10 de mayo, y en la sede de la
publicación digital VilaWeb, la plataforma que en Cataluña da su apoyo a la
querella argentina contra los crímenes del franquismo, cuyas siglas en catalán
son PCSQUA, nos hicieron llegar los argumentos de la Red AQUA, red ciudadana
que recordamos que engloba a un gran número de organizaciones: sindicatos;
asociaciones de expresos; del movimiento del 15 M , asociaciones por la
recuperación de la memoria histórica, ATTAC España, Unión de Actores, varios
colectivos de bebés robados, etc.
El comunicado en lo referente a la nota del
Ministerio, aunque reconoce que los testimonios están fuera de los artículos
citados del Tratado Bilateral, el tratado está destinado a favorecer la asistencia mutua en todos
aquellos supuestos en que sea necesaria la práctica de medidas por parte del
país requerido. Por su parte, los abogados de los querellantes señalan: “No se precisa de la asistencia cuando las
diligencias pueden ser realizadas por los tribunales del país que ejerce la
jurisdicción a través de sus legaciones diplomáticas. Sí, en casos como el
presente, los testigos citados se negaran a declarar, sería evidentemente
necesario tramitar una comisión rogatoria para que por parte de las autoridades
judiciales del país requerido se les convoque para que efectúen su declaración.
No lo es naturalmente cuando los testigos se someten voluntariamente a una
jurisdicción, en este caso de un país extranjero, ya sea viajando al mismo o
prestando su testimonio desde la embajada o el consulado de dicho país”.
Felipe Moreno, Carme Puig Antich y Diego Arcos (foto: Javier Coria)
Lógicamente el embajador argentino sabe que los
ciudadanos españoles que iban a declarar lo hacían dentro del territorio
argentino, la embajada. Y precisamente, desde ese lugar se vienen realizando
periódicamente videoconferencias donde declaran víctimas y testigos en las
causas que instruyen los jueces argentinos contra los responsables de la última
dictadura argentina y las de otras dictaduras latinoamericanas. Nunca el
Ministerio de Relaciones Exteriores español tuvo la ocurrencia de invocar el
tratado para impedir su concreción. El supuesto es idéntico, claro que en este
caso se trata de investigar los crímenes del franquismo y quizá, el Gobierno
del PP, está pensando más en los imputados que en los derechos de las víctimas
y los testigos. Recordemos que son nueve los ministros franquistas que viven y
serán llamados a declarar, uno de ellos, José Utrera Molina, el suegro del
actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Carme Puig Antich y Diego Arcos (foto: Javier Coria)
La rueda de prensa estaban presentes Carme Puig
Antich, que dijo: “el juicio militar a mi
hermano fue una farsa total. Las pruebas balísticas desaparecieron, al policía
le hicieron la autopsia en una comisaria (…) llevamos años para que se revise
el juicio y nos dan largas”; dirigiéndose a quién corresponda, declaró
rotunda: “Vamos a por todas”. Felipe
Moreno, querellante y coordinador de los querellantes catalanes dijo: “No pedimos venganza, sino justicia, verdad
y reparación de los hechos, ya que los derechos humanos fueron conculcados (…)
La amnistía nos sacó de las cárceles, pero seguimos como penados y con las
señales de las torturas en nuestras carnes, y los muertos se quedaron allí”.
Por su parte, Diego Arcos, presidente del Casal Argentino de Barcelona, resaltó que el gobierno español, al impedir un hecho
jurídico, de alguna forma se considera parte y se vincula al proceso, ya que se
da por aludido. Y en otro momento dijo: “Yo
no confío en la justicia argentina (…), pero la fuerza ciudadana entorno a los
derechos humanos los ha puesto entre la movilización y la pared (…) Esto está
encabezado por las Abuelas de Plaza de Mayo y por hijos argentinos de
represaliados españoles…”. En este último caso puso el ejemplo del chofer
de Lluis Companys, el señor Polo, que cuando fue detenido el President por la GESTAPO, él fue enviado
al campo de concentración de Mauthausen, y su mujer e hijo pudieron huir a la
Argentina. Ahora es el hijo quien se persona como querellante porque las
autoridades franquistas entregaron a su padre a los nazis para que acabara sus
días en un campo de exterminio. Probado está que el régimen franquista cometió
delitos de lesa humanidad, y cuando los autores directos de estos delitos están
fallecidos y al no poder acusar a una persona física, automáticamente, se
buscan los responsables jurídicos, en este caso el Estado español.
Por nuestra parte pensamos que si ni los
gobiernos del PSOE ni los del PP han querido investigar los crímenes del
franquismo y los genocidios de la Guerra Civil, la represión en la posguerra y
hasta 1977, año de las primeras elecciones democráticas, menos estarán
interesados en que se investiguen en otro país, ya que eso pondría en tela de
juicio la propia Transición, donde la desmemoria, el borrón y cuenta nueva,
fueron moneda de cambio. La voz de las victimas es molesta, y para ellas que
jueces, ministros franquistas y policías torturadores que persiguieron durante
años a los personas que lucharon por traer una democracia a este país, sigan
sin ser juzgados.
Felipe Moreno (foto: Javier Coria)
ALGUNAS
REPERCUSIONES
Amnistía Internacional, que ya en su día
denunció el desamparo judicial que están sufriendo las víctimas del franquismo,
sobre este particular volvió a sacar un comunicado pidiendo que no se
obstaculice la investigación de estos crímenes. En declaraciones a la agencia
EFE, Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI España, calificó el hecho como
“un nuevo revés” a las víctimas y que esto “supone una obstrucción a la acción
de la justicia argentina”. Por su parte, los grupos parlamentarios de IU,
ICV-EUiA, la Izquierda Plural y grupo Mixto (Amaiur, ERC y BNG), han solicitado
la comparecencia del titular de Asuntos Exteriores del Gobierno del PP, José
Manuel García-Margallo para que explique la: “presión ejercida desde el Ministerio
sobre la embajada de Argentina para que se aplazara la declaración de las tres
víctimas de la dictadura franquista”.
VIAJE A
LA ARGENTINA Y ENCUENTRO EN MADRID
Sin estar confirmado del todo al momento de
redactar esta nota, José María “Chato” Galante, de La Comuna de Presos del
Franquismo, anunció en directo para el programa “La mañana” de la radio
Continental argentina y que conduce Víctor Hugo Morales, que el día 25 de mayo
saldrá una delegación para Buenos Aires, con querellantes, diputados, y algunos
concejales cuyos ayuntamientos hicieron en su día mociones de apoyo a la
querella, de ello les tendremos informados en Rambla. Lo que si ya podemos confirmar es el Encuentro Estatal de
Querellantes Contra el Franquismo que tendrá lugar en Madrid el próximo día 18
de mayo. Querellantes, abogados, testigos, familiares de víctimas y las
organizaciones que conforman la Red AQUA debatirán en este encuentro que se
realizará en el I.E.S. Lope de Vega, calle San Bernardo, 70, metro Noviciado.
Para contacto: Apoyo Querella
Gravado portada: James Ensor
ÚLTIMA HORA:
Según fuentes de la Red AQUA, el abogado
argentino Carlos Slepoy mantuvo una entrevista con el embajador de Argentina en
Madrid, el señor Carlos Bettini. En ella, el embajador reconoció que la nota
verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores español era improcedente, ya que el
Tratado de Colaboración Judicial no es de aplicación en este caso. Informó que,
a partir de ahora, se daría curso a las videoconferencias sin ninguna comisión
rogatoria dirigida al gobierno español.
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