La
juez argentina María Servini, que dirige la “Querella Argentina”, ha ordenado
la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los
crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
La
magistrada ha dictado una resolución en la que acuerda esta medida con fines a
su extradición para tomar declaración indagatoria a Martín Villa (ministro de
Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro
de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex
miembros de las Fuerzas Armadas, exjueces o un antiguo ginecólogo.
La
semana pasada el fiscal federal argentino Ramiro González había pedido a la
jueza que solicitara las capturas de 15 de ellos y los había acusado de graves
crímenes, tales como homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de
niños. Este viernes Servini de Cubría hizo lugar a esa solicitud y amplió la
lista de acusados.
La
titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1,
encomendó a Interpol el arresto preventivo, entre otros, de los exministros
Utrera Molina, por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig
Antich, ajusticiado a garrote vil en 1974, y de Relaciones Sindicales, Martín
Villa (1975-1976), por la matanza de cinco trabajadores en Vitoria.
Entre
los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro
desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre
1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno
franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976)
y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.
En
concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber
convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en
1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las
querellantes de la causa.
Rodolfo Martín Villa
A Rodolfo
Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de
trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados
cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de
fuego.
Al ex
ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de
muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el
27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron
ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón
García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra
Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos
fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez,
mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los
trabajadores de Vitoria.
Antonio Carro, ministro de Franco y diputado de Alianza Popular
Además
de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de
las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico
ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A
petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del
Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo
jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús
Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús
Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además,
imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien
busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la
Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
La
magistrada recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía
Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil
Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados
españoles han archivado este tipo de casos.
Servini,
que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar
distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta
querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.
“En
el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad
equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio
jurisdiccional”, dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los
tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención
Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
El
caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples
víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que
los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan
sistemático y planificado de “aterrorizar a españoles” por su ideología y de
sustracción de menores.
En el
expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200
querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires o han visitado los
consulados argentinos para declarar y constituirse como acusadores de
funcionarios de la dictadura española.
Estos son los
franquistas que reclaman las autoridades argentinas
El
fiscal Ramiro González, que apenas se incorporó al caso en abril de este año, a
la jueza Maria Servini le solicita, en un dictamen de 307 páginas, órdenes de
detención internacional contra los imputados en la “Querella Argentina”,
petición que responde a muchas de las realizadas por los querellantes, tanto a
través de escritos como por videoconferencias. Destacamos que se trata de
actuaciones que cubren varias causas y ámbitos diferentes de la represión
franquista, incluyendo el primer pedido de imputación por un caso de bebés
robados. Luego están los casos del policía torturador “Billy el niño”, el
golpista capitán Muñecas, o los exministros Utrera Molina, Martín Villa y Fernando Suárez González cuyas peticiones de
extradición ya se denegaron anteriormente y están en trámite de recurso.
Entre
otras cosas, pide a la juez las siguientes:
Órdenes
de detención internacional, en el marco de solicitud de extradición y a efectos de que presten declaración
indagatoria, los siguientes responsables del franquismo cuya imputación fue
solicitado por los querellantes en escrito de marzo de 2014 en base a múltiples
testimonios y documentos obrantes en la causa:
Exministros:
1) Antonio
Carro Martínez – nacido el 3 de mayo de 1923 en Lugo. Fue ministro de la
Presidencia durante el 14º gobierno de la dictadura franquista (3 de enero de
1974 a 11 de marzo de 1975) y del 15º gobierno (11 de marzo de 1975 a 12 de
diciembre de 1975) Fue diputado en la Legislatura Constituyente y en cuatro
legislaturas más por el Partido Popular. Convalidó con su firma las sentencias
de muerte de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil el 2 de marzo de
1974, y de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz,
Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarría, fusilados el 27 de septiembre de
1975.
2) Licinio
de la Fuente – nacido en Noez, Toledo, el 7 de agosto de 1923. Fue
vicepresidente del gobierno franquista en el período 1974 – 1975. Participó en
1976 en la fundación de Alianza Popular y posteriormente en la del Partido
Popular. Fue miembro de los Consejos de Administración de numerosos bancos y
empresas. Nombrado Caballero de honor por la fundación Francisco Franco en
ceremonia celebrada el 18 de julio de 2012 bajo el lema “Derecho al alzamiento”.
Convalidó con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich,
asesinado por garrote vil el 2 de marzo de 1974.
3) Antonio
Barrera de Irimo – nacido en Ribadeo, Lugo, el 4 de enero de 1929. Falleció el
pasado 24 de septiembre de 2014. Ministro de Hacienda en 1973 y vicepresidente
segundo del penúltimo gobierno franquista hasta octubre de 1974. Fue consejero
de numerosas empresas públicas y privadas. Convalidó con su firma la sentencia
de muerte de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil el 2 de marzo de
1974.
4) José
María Sánchez Ventura Pascual – nacido en Zaragoza en 1922. Fue director del
periódico Informaciones. Ministro de Justicia en el último gobierno franquista.
Convalidó con su firma las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José
Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui
Etxebarría, fusilados el 27 de septiembre de 1975.
Utrera Molina
5) Alfonso
Osorio García - nacido en Santander el
13 de diciembre de 1923. Ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la
Monarquía presidido por Arias Navarro (diciembre de 1975 a julio de 1976). Junto
a Rodolfo Martín Villa – cuya imputación fue solicitada por los querellantes y
también está pendiente de resolución por parte de la jueza – resolvió que fuera
reprimida una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976.
La policía asaltó la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de
Zaramaga, en la que se celebraba una asamblea obrera y luego reprimió brutalmente a quienes salían
de la misma. Fueron asesinados cinco trabajadores: Pedro Martínez Ocio,
Francisco Aznar clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y
Bienvenido Pereda Moral, y hubo más de cien heridos.
Judicatura:
6) Antonio
Troncoso de Castro- Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Diplomado en
Derecho Penal Militar. Ex−Fiscal del Tribunal Supremo. Relacionado con el
Proceso de Burgos y otros procesos militares contra militantes vascos.
7) Carlos
Rey González – Actualmente ejerce la profesión de abogado, habiendo defendido
los intereses de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular de
Cataluña, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, que fue
recientemente archivado. En 1974 era capitán auditor del cuerpo jurídico del
Ejército. Participó como vocal ponente en el Consejo de Guerra que juzgó a
Salvador Puig Antich. Fue redactor de la sentencia de muerte que fue ejecutada
el 2 de marzo de 1974 por medio de garrote vil.
Fuerzas armadas:
8) Jesús
Quintana Saracibar - nacido en Vitoria en 1941. Siendo capitán de la Policía
Armada dirigió la represión policial que provocó la masacre de Vitoria el 3 de
marzo de 1976.
9) Jesús
González Reglero – nacido el 29 de enero de 1949. Hasta su reciente jubilación
fue comisario en la comisaría de la Policía Nacional en Leganés – Madrid.
Recibió múltiples condecoraciones. Participó en numerosos actos de tortura en
los distintos destinos que tuvo en Madrid, actuando en muchas ocasiones junto a
Antonio González Pacheco “Billy el niño”.
10) Ricardo
Algar Barrón – nacido el 10 de junio de 1948. Comisario del Cuerpo Nacional de
Policía. Miembro de la Brigada Político Social. Está acusado de delitos de
tortura.
11) Félix
Criado Sanz – nacido en Bilbao el 9 de
enero de 1923 – Jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao.
Condecorado reiteradamente. Está acusado de delitos de tortura en la querella
interpuesta por sacerdotes vascos
12) Pascual
Honrado de la Fuente – nacido el 7 de enero de 1929. Condecorado
reiteradamente. Está acusado de delitos de torturas cometidas por la Brigada
Político Social de Oviedo
13) Jesús
Martínez Torres – nacido en 1941. Condecorado reiteradamente. Comisario Genral
de Información del Cuerpo Nacional de Policía con destino en el País Vasco y
Zaragoza. Citado en numerosas ocasiones como uno de los organizadores del GAL y
del Batallón Vasco-Español. Está acusado de torturas cometidas en Zaragoza.
14) Benjamín
Solsona Cortés – nacido en 1931. Miembro de la Brigada Político Social en
Valencia. Jefe Superior de Policía de Bilbao y Jefe Superior de Policía de
Baleares. Está acusado de torturas cometidas en la Jefatura Superior de Policía
de Valencia.
15) Atilano
del Valle Oter – nacido el 6 de enero de 1929. Miembro de la Brigada Político
Social destinado en Barcelona. Condecorado reiteradamente. Está acusado de
torturas e intento de asesinato en la Brigada Regional de Investigación Social
de Barcelona.
Bebés robados:
16) Abelardo
García Balaguer, médico ginecólogo de la Línea de la Concepción, Cádiz, y
recientemente jubilado. Está denunciado por varias víctimas de apropiación de
niños. El pedido del Fiscal se solicita en concreto por el caso de Flor Díaz Carrasco
que busca a su hermano desparecido en el Hospital Municipal de la Línea el 6 de
noviembre de 1967.
La Iglesia:
Además,
el fiscal Ramiro González pide que se solicite al Vaticano y a los arzobispados
españoles para que remitan a la causa toda la documentación que consta en sus
archivos relativa a la colaboración de la Iglesia española con la dictadura
franquista, en relación con la querella presentada por los curas que estuvieron
presos en la cárcel de Zamora.
Exhumaciones:
Solicitud
de exhumaciones, en relación con las denuncias y querellas interpuestas por
distintos familiares de personas enterradas en fosas comunes.
Caso Companys:
Solicitud
a la Generalitat y al gobierno de España de toda la documentación relativa a la
detención, tortura y fusilamiento del presidente Lluis Companys y visita al
castillo de Montjuïc, en relación con solicitud de querellantes catalanes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario