LA MEZQUITA DE CÓRDOBA POR 30 EUROS

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LA IGLESIA CATÓLICA SE QUEDA CON LA MEZQUITA DE CÓRDOBA POR 30 EUROS

La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.

La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el Estado.

Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Que la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy.

FUENTE: Escolar.net

NOTAS: A este invento le llaman inmatriculación y la iglesia católica en España lleva ya más de mil apropiaciones de edificios públicos, parroquias, terrenos adyacentes, cementerios, olivares y casas y pisos que en su día ocuparon párrocos o, por ejemplo, maestros de escuela rurales cuyas casas los ayuntamientos y vecinos reclaman como bien público municipal. Todo viene de los privilegios que en 1948 le dio el régimen franquista al Vaticano (y que ratificaron los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP) y a una iglesia católica española que no olvidemos que llevaba bajo palio al dictador.

En menos de una década, y en silencio, la iglesia católica ha doblado su patrimonio inmueble con esta sencilla fórmula: registrar a su nombre toda iglesia o lugar de culto –y edificios adyacentes- que no tenían un titular definido. El Obispo de turno, acogiéndose a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, artículos y reglamentación aprobada por el franquismo en el citado año de 1948, ejerce como notario público y, con el pago de los gastos de papeleo, entre 20 ó 30 euros, consuman la expropiación ante unos ayuntamientos que no tienen ni tiempo ni dinero para pleitear con la iglesia. Claro que en la mayoría de los casos, tanto vecinos como autoridades municipales, desconocen estos manejos de los obispados, porque, como digo, esto se hizo en silencio y sin que dichas operaciones se publicaran ni en boletines oficiales, ni en otros documentos que pudieran llegar a los interesados. Esto no es nuevo, ya que la iglesia viene escriturando propiedades desde los años treinta, pero parece que la voracidad acumuladora de la jerarquía católica ha aumentado desde las modificaciones favorables que a este propósito hizo el gobierno del José María Aznar en 1998, como se cita más arriba.

Se da el caso de un pueblo de Navarra cuyos maestros solían residir en una casa cercana a la iglesia parroquial. Cuando el ayuntamiento fue hacer unas reformas descubrieron por sorpresa que el obispado la había registrado a su nombre. Llegaron a un acuerdo para pagar un alquiler razonable, pero la cosa se complicó cuando un particular, no residente en el pueblo, subió la oferta del alquiler. El obispado ofreció la casa al mejor postor dejando claro el objetivo especulador, en este caso, de dicha operación. En otros casos la iglesia revende a los municipios propiedades que de hecho ya eran suyas desde tiempos inmemoriales. Los catedráticos de Derecho Constitucional dicen que no es legal que los obispos ejerzan como funcionarios públicos dando fe, nunca mejor dicho, de estas operaciones inmobiliarias. Y todo esto mientras muchos párrocos de pueblo viven con sueldos miserables, por no hablar de las miles de familias que están siendo desahuciadas de sus casas.

Como buen ateo terminaré citando la Biblia, en este caso el Evangelio de san Marcos (11,17): “Mi casa será casa de oración para todas las gentes. Pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones”.

© JAVIER CORIA