Jueces para la Democracia denuncian la falta de auxilio judicial a las víctimas del franquismo

Por: Javier Coria.

Jueces para la Democracia denuncian la carta que la Fiscalía General del Estado ha enviado a los jefes de las Audiencias Provinciales para que no tramiten la petición de interrogar a 19 investigados por crímenes durante el franquismo que envió la jueza argentina María Servini.

LOS INVESTIGADOS

En un artículo reciente ya decíamos: “La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha emitido una instrucción de obligado cumplimiento para tratar de impedir que los jueces españoles, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos, tomen declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los victimarios en la causa penal que incoa la jueza argentina María Servini”. Hoy es la asociación Jueces para la Democracia (JpD) la que denuncia esa carta remitida el pasado 30 de septiembre, mes en que fueron enviados los exhortos por la jueza argentina y que entre otros investigados, se pretendía tomar declaración a: Al Ministro de Gobernación franquista (1976-1979), Martín Villa denunciado por los querellantes por la muerte de cinco trabajadores en Victoria. José Utrera Molina fue Gobernador Civil, Ministro y Secretario General del Movimiento (suegro del exministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón).

Utrera Molina en estos días ha escrito un artículo en el ABC (“El odio cabalga sin bridas”) de reafirmación fascista, advirtiendo del peligro de “un nuevo conflicto civil”, de lo nefasta, para él, que es la Ley de la Memoria Histórica y del peligro la aparición de un nuevo “frente popular”. Para terminar abogando por una: “España grande y limpia” (!). A Utrera Molina se le investiga por convalidar con su firma las sentencias de muerte a garrote vil de Salvador Puig Antich y del ciudadano alemán Georg Michael Wezel, ambos ejecutados el 2 de marzo de 1974. Por redactar la sentencia de muerte de Puig Antich, también son requeridos por la jueza argentina Carlos Rey, excapitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y Antonio Troncoso, antiguo Coronel auditor del citado Cuerpo. El jurista y exministro franquista Fernando Suárez González y el exjuez Jesús Cejas Mohedano, también están denunciados en la Querella Argentina. En el caso de los Bebés Robados está llamado a declarar el ginecólogo Abelardo García Balaguer.

Otros integrantes de los gobiernos franquistas llamados a declarar y que la Fiscalía del Estado y el gobierno del PP quieren impedir que lo hagan son: Antonio Carro Molina (ministro desde 1974 a 1975), José María Sánchez Ventura (ministro del último gobierno franquista) y Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976). Entre militares y policías están el investigado por torturas, y miembro de la sanguinaria Brigada Político Social, el tristemente conocido por el alias de “Billy el niño”, Antonio González Pacheco. Y el excapitán de la Guardia Civil, y condenado por la intentona golpista del 23 F, Jesús Muñecas Aguilar. Jesús Muñecas es denunciado por los querellantes por ejercer y mandar ejercer torturas a detenidos antifranquistas en las comandancias de Tolosa y Zarautz (Guipúzcoa). Simulacros de ahogamiento, uñas arrancadas, colgamiento por los pies mientras recibían palizas de los agentes, son algunas de las escenas criminales relatadas por las víctimas. Otros miembros de las fuerzas armadas que están en las peticiones de la diligencia de interrogatorio por la jueza Servini Son: Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés.

LA DENUNCIA DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

A JpD les sorprende el hecho mismo del envío de la carta de la fiscal Consuelo Madrigal. Aunque en la función del Fiscal General del Estado está impartir a sus subordinados órdenes e instrucciones, según la JpD, dicha misiva –sin título- no se encuadra dentro de los instrumentos jurídicos de organización que recoge la Ley 50/1981, de 30 de diciembre de 1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para los jueces de la asociación, la carta impone un criterio específico de informe a los fiscales involucrados en el despacho de estos asuntos. Al no ser una orden referida a asuntos de servicio o al ejercicio de las funciones y centrase en el contenido, para la JpD peligra el principio de independencia recogido en el artículo 7 del citado Estatuto.

Dejando al margen las cuestiones jurídico/técnicas, desde la JpD dicen: “Queremos recordar a la Fiscalía General del Estado que está obligada por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (BOE núm. 170, de 17 de julio de 1990), cuyo art. 28 exige prestar asistencia mutua en materia penal incluso cuando por cualquier razón los hechos no sean punibles, o, como dice la Fiscal General del Estado, los responsables estén muertos, haya prescrito el delito o esté amnistiado. El único límite para denegar la asistencia es que no haya un “interés de la Justicia”. Y en este caso hay un demostrado interés por la Justicia”.

Como venimos informado desde este medio cumplidamente sobre la Querella Argentina desde sus inicios, en sus páginas encontrarán las múltiples maniobras y dificultades que el Estado español ha puesto para que se cumpla la Ley Internacional contra los crímenes de lesa humanidad –que no prescriben- cometidos durante la dictadura franquista. Que no fueron crímenes aislados ni cometidos por personas a título individual, sino que fue una organizada y sistemática represión y eliminación del opositor político donde participaron jueces, militares, policías, funcionarios y militantes de partidos y bandas paramilitares de la extrema derecha. El Estado español y el Tribunal Supremo, que no anula los procesos y los juicios militares sumarísimos de la dictadura – en el Parlament de Catalunya ya se han dado pasos para ello- del franquismo, no sólo están perpetuando la impunidad, además dan carta de naturaleza a dicha represión y juicios de venganza y sin garantías jurídicas.

Pero sigue el comunicado de JpD: “… queremos recordar una vez más, en este caso a la Fiscalía General del Estado, que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU viene instando al Estado español a adoptar las medidas legales y jurídicas necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. Y a los responsables directos de la administración de justicia, jueces y fiscales, a que se personen en las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojen. Seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”.

Y concluyen: “… queremos denunciar la insensibilidad de la Fiscalía General del Estado y recordar que nuestra instituciones estatales siguen haciendo dejación de sus funciones y permiten que siga existiendo decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y que se dé cumplido homenaje y protección a todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista”.