Por:
Javier Coria.
Por iniciativa de la “Comissió per la
Dignidad”, varios grupos políticos llevaran al plenario del Parlament de
Catalunya la propuesta para debatir y votar la Proposición de Ley de Reparación
Jurídica de las Víctimas del Franquismo.
De
esta forma, el pleno ordinario del Parlament de Catalunya, previsto para el 19
de octubre, recogerá en lo que pudiera ser la primera ley de desconexión con el
Estado español, una más que justa y ansiada reivindicación de las víctimas del franquismo
que, como saben, tuvieron que recurrir a la justicia Argentina para ser
escuchadas. El gobierno español no sólo no colaboró en la persecución de los
delitos de lesa humanidad, si no que puso todo su aparato político y jurídico
para torpedear el proceso, con la excusa de que eran delitos individuales y
prescritos. Concretamente, la jueza María
Servini de Cubría, en su día solicitó la extradición de varios de los
imputados, contra los que pesaba órdenes de búsqueda y captura de la Interpol,
para que declararan en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 1 de Buenos Aires. Las autoridades españoles negaron la extradición,
vulnerando las normas internacionales que establecen que todos los Estados
deben colaborar activamente en la persecución de imputados en crimines contra
la humanidad, especialmente los cometidos en su territorio.
Ante
esto, la citada jueza acaba de enviar exhortos al Ministerio de Justicia
español para que, los Juzgados territoriales, tomen declaración indagatoria a
19 imputados por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.
Entre los imputados a varios ministros franquistas, miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado y un médico. Se les imputa por homicidios, torturas y robo
de bebés, en el contexto de una política generalizada y planificada de
represión y exterminio de los oponentes políticos. La jueza Servini se desplazará, nuevamente, a
España para estar presente en las declaraciones y, según el resultado de las
mismas, la magistrada pedirá o no el procesamiento. Ahora sólo falta que los
órganos jurisdiccionales cursen las citaciones a los imputados. Entre los 19
imputados de los que ahora se requiere declaración, 17 lo harán por primera
vez, ya que en el caso del comisario Antonio
González Pacheco, alias “Billy el niño”, y del excapitán de la Guardia
Civil y golpista, Jesús Muñecas Aguilar,
ya lo hicieron en la Audiencia Nacional, donde se negó su extradición, dando
muestra del régimen de impunidad que impera en España, que ni se juzga ni se
investiga estos crímenes.
Uno
de los muchos déficit democráticos que tiene España es que el Tribunal Supremo se ha negado siempre a
anular las sentencias dictadas en Consejos
de Guerra y el Tribunal de Orden
Público contra los demócratas, antifranquistas, republicanos, nacionalistas,
sindicalistas, etc., que fueron juzgados ilegal e injustamente. Este hecho,
resultado de los pactos de silencio e impunidad de las componendas vergonzantes
de la Transición y de que, para qué engañarnos, que aún son muchos los
franquistas y neofranquistas que pacen en las instituciones del Estado, en la
judicatura, etc., viene a dar carta de naturaleza y validez a la represión
franquista y a sus instituciones.
Por
ello, los grupos políticos del Parlament, Junts
pel Sí, Catalunya Sí Que Es Pot,
y la CUP, plantean debatir y aprobar,
la anulación completa de las sentencias políticas del franquismo. La llamada Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas
del Franquismo (1938-1975), de ser aprobada, sería de facto la primera ley
de desconexión de Catalunya del Estado español. Porque rompería con el espacio
y ordenamiento jurídico español y se arrogaría la competencia jurídica de
anular consejos de guerra sumarísimos y sus correspondientes sentencias que
llevaron a cabo por causas políticas las autoridades franquistas en Catalunya.
Llegado el caso y si dicha propuesta de ley prosperara, le tocaría al
Departamento de Justicia de la Generalitat, a petición de víctimas o sus
familiares, el certificado de anulación de los procedimientos y sentencias.
Literalmente la propuesta de ley recoge:
“Declarar nulos y sin ningún efecto
jurídico todos los Consejos de Guerra sumarísimos y sus correspondientes
sentencias, instruidas por causas políticas en Catalunya por el régimen
franquista de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1936, el Decreto de 31 de
agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de
marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/60, de 21 de
septiembre, y el Decreto Ley 10/75, del 26 de agosto”.
Son
varios ayuntamientos, con presencia de los grupos citados, que ya están
aprobando mociones en apoyo de esta propuesta de ley, y muchas organizaciones
sociales que le están dando su apoyo. En algunos ayuntamientos, el PSC, ICV, ERC y CDC, entre otros, se adhirieron a la
moción o la propusieron. El PP y Cs sólo apoyan el primer punto, que es
una condena formal del franquismo. Entre las asociaciones cívicas y ciudadanas
están, entre otras:
Associació
Pro-memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Associació de Víctimes
de la Repressió Franquista a Tarragona (AVRFT), Associació Catalana d’Ex-presos
polítics del Franquisme, Òmnium Cultural, Col·lectiu Republicà del Baix
Llobregat, Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya (ARMHC),
Associació d’Antics Guerrillers d’Espanya a França, Associació de Memòria de
Terrassa, Associació Ateos y Republicanos, Associació per la Recuperació de la
Memòria Històrica de l'Exili Republicà (ARMHER), Plataforma pel Dret a Decidir,
i Associació del Banc de l’ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i
Postguerra.
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