El ginecólogo Abelardo García Balaguer
declarará a petición de la justicia argentina por el caso del robo de bebés.
Redacción.
Tal y
como informaba la CEAQUA en un comunicado emitido estos días, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Tratado de
Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España, el
Ministerio de Justicia español ha enviado los exhortos remitidos por la jueza María Servini de Cubría – titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires
– a diferentes juzgados españoles a
efectos de que imputados en la denominada querella argentina presten
declaración indagatoria.
El
viernes 9 de septiembre, el citado exhorto fue remitido por el Ministerio de
Justicia a los Juzgados territoriales españoles por lo que los imputados
deberán ser debidamente citados por dichos órganos jurisdiccionales para
prestar declaración indagatoria, lo que ocurrirá en fechas a determinar durante
el mes de octubre.
Entre
los imputados se encuentra el ginecólogo Abelardo
García Balaguer, que prestará declaración indagatoria en el Juzgado de
Instrucción nº 1 de la Línea de la Concepción por su presunta relación con la
desaparición de un bebé en 1967. Este bebé es el hermano de Flor Díaz Carrasco, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi, integrante
de la federación X24 y de la CEAQUA.
Esta
iniciativa supone un avance sustancial y un nuevo impulso en la causa criminal
4951/2010, que se tramita en Buenos
Aires, en aplicación del principio de Justicia
Universal. Y para las víctimas por el robo de bebés es un fuerte apoyo por
parte de la justicia argentina a esta causa.
Tras
las declaraciones, del ginecólogo y del resto de los imputados, la jueza
decidirá sobre el pedido de
procesamiento de los imputados solicitado por las acusaciones en la causa.
Hay
que destacar que el ginecólogo García Balaguer nunca ha sido llamado a declarar por la justicia española, a pesar
de existir
una instrucción, abierta durante años, en el juzgado nº 2 de la Línea de la
Concepción. En esta ocasión, será en el juzgado nº 1 de la misma localidad
donde tendrá que declarar a instancias de la justicia argentina. Una situación
que dice mucho de la política de impunidad mantenida por el Estado español
respecto a la investigación y enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad.
Los
querellantes confían en que los diferentes jueces españoles que deben ejecutar
el exhorto colaboren adecuada y activamente con las autoridades judiciales
argentinas en la toma de declaración a todos los imputados. Cosa que, visto lo
visto, dudamos desde esta revista.
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