Por:
Javier Coria
La
Interpol argentina solicita a las autoridades judiciales españolas la detención
preventiva de los últimos 20 acusados en la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.
La
orden, que reproducimos, está cursada con carácter de urgencia y también
solicita al Juzgado todos los datos de identificación personal para evitar
posibles confusiones con personas homónimas, así de emitir el orden de captura
internacional. Aunque el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, ya ha
avanzado que denegará la entrega de los 19, uno ya falleció, acusados que
reclama la juez argentina María Servini. Como siempre y desoyendo los informes
de la ONU y otros organismos internacionales, la justicia española enarbola la
Ley de Amnistía de 1977 como una verdadera Ley de Punto Final dejando impune
graves crímenes de lesa humanidad, como Amnistía Internacional ya denunció en
su momento, y cada día lo hace la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina Contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA).
Entre
los imputados hay los exministros franquistas que firmaron sentencias de muerte
o fueron partícipes de los Consejos de Ministros que las cursaron, por ello en
el apartado de “Delitos de homicidio”, del informe resumido del auto resolutivo
que emite el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, de Buenos Aires, se
incluyen los nombres de: Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, Antonio
Barrera de Irimo (fallecido recientemente), José María Sánchez- Ventura
Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracibir, Carlos Rey González,
José Utrera Molina, Fernando Suárez González y Antonio Troncoso de Castro.
Entre
los significados por los querellantes por delitos de torturas, se hayan: Jesús
González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de
la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle
Oter.
Al
ginecólogo, hoy exmilitante del PP por esta causa, Abelardo García Balaguer se
le acusa por sustracción de un menor de diez años. Su nombre aparece en varias
partidas de nacimientos de bebés desaparecidos entre las décadas de los sesenta
y setenta. Balaguer fue investigado por la Fiscalía de Algeciras por su
presunta participación en el robo de bebés en la provincia de Cádiz.
Pero
lo dicho, ni la orden de tención preventiva, ni la extradición están en la
voluntad política del gobierno del PP que, amparando la impunidad, da carta de
naturaleza a la represión franquista y a sus leyes y tribunales ilegítimos.
Como apunta el auto de los jueces argentinos: “Si se denegara la extradición,
sea en vía judicial o gubernativa, se debería juzgar a los imputados en el
estado español, en virtud del principio de derecho internacional aut dedere aut iudicare (o extraditas o
juzgas), de carácter imperativo para los dos Estados parte en el procedimiento
de extradición”. Ya hay miembros de la judicatura que están incómodos con esta
situación por el desprestigio internacional que ello supone; el fiscal González Torrijos, aun no estando de acuerdo con la
extradición, sí dice que las víctimas deben ser oídas por los jueces españoles.
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