sábado, 1 de noviembre de 2014

Piden la detención de 20 imputados por crímenes en la dictadura


Redacción/ CEAQUA /LQSomos

La juez argentina María Servini, que dirige la “Querella Argentina”, ha ordenado la detención preventiva de una veintena de acusados por su relación con los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

La magistrada ha dictado una resolución en la que acuerda esta medida con fines a su extradición para tomar declaración indagatoria a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, exjueces o un antiguo ginecólogo.

La semana pasada el fiscal federal argentino Ramiro González había pedido a la jueza que solicitara las capturas de 15 de ellos y los había acusado de graves crímenes, tales como homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños. Este viernes Servini de Cubría hizo lugar a esa solicitud y amplió la lista de acusados.

La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, encomendó a Interpol el arresto preventivo, entre otros, de los exministros Utrera Molina, por convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich, ajusticiado a garrote vil en 1974, y de Relaciones Sindicales, Martín Villa (1975-1976), por la matanza de cinco trabajadores en Vitoria.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

Rodolfo Martín Villa

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Antonio Carro, ministro de Franco y diputado de Alianza Popular

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.

La magistrada recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.


Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer de esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.

“En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional”, dice Servini, que defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de “aterrorizar a españoles” por su ideología y de sustracción de menores.

En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires o han visitado los consulados argentinos para declarar y constituirse como acusadores de funcionarios de la dictadura española.



Estos son los franquistas que reclaman las autoridades argentinas

El fiscal Ramiro González, que apenas se incorporó al caso en abril de este año, a la jueza Maria Servini le solicita, en un dictamen de 307 páginas, órdenes de detención internacional contra los imputados en la “Querella Argentina”, petición que responde a muchas de las realizadas por los querellantes, tanto a través de escritos como por videoconferencias. Destacamos que se trata de actuaciones que cubren varias causas y ámbitos diferentes de la represión franquista, incluyendo el primer pedido de imputación por un caso de bebés robados. Luego están los casos del policía torturador “Billy el niño”, el golpista capitán Muñecas, o los exministros Utrera Molina, Martín Villa y Fernando Suárez González cuyas peticiones de extradición ya se denegaron anteriormente y están en trámite de recurso.


Entre otras cosas, pide a la juez las siguientes:

Órdenes de detención internacional, en el marco de solicitud de extradición y  a efectos de que presten declaración indagatoria, los siguientes responsables del franquismo cuya imputación fue solicitado por los querellantes en escrito de marzo de 2014 en base a múltiples testimonios y documentos obrantes en la causa:

Exministros:

1) Antonio Carro Martínez – nacido el 3 de mayo de 1923 en Lugo. Fue ministro de la Presidencia durante el 14º gobierno de la dictadura franquista (3 de enero de 1974 a 11 de marzo de 1975) y del 15º gobierno (11 de marzo de 1975 a 12 de diciembre de 1975) Fue diputado en la Legislatura Constituyente y en cuatro legislaturas más por el Partido Popular. Convalidó con su firma las sentencias de muerte de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil el 2 de marzo de 1974, y de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarría, fusilados el 27 de septiembre de 1975.

2) Licinio de la Fuente – nacido en Noez, Toledo, el 7 de agosto de 1923. Fue vicepresidente del gobierno franquista en el período 1974 – 1975. Participó en 1976 en la fundación de Alianza Popular y posteriormente en la del Partido Popular. Fue miembro de los Consejos de Administración de numerosos bancos y empresas. Nombrado Caballero de honor por la fundación Francisco Franco en ceremonia celebrada el 18 de julio de 2012 bajo el lema “Derecho al alzamiento”. Convalidó con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil el 2 de marzo de 1974.

3) Antonio Barrera de Irimo – nacido en Ribadeo, Lugo, el 4 de enero de 1929. Falleció el pasado 24 de septiembre de 2014. Ministro de Hacienda en 1973 y vicepresidente segundo del penúltimo gobierno franquista hasta octubre de 1974. Fue consejero de numerosas empresas públicas y privadas. Convalidó con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, asesinado por garrote vil el 2 de marzo de 1974.

4) José María Sánchez Ventura Pascual – nacido en Zaragoza en 1922. Fue director del periódico Informaciones. Ministro de Justicia en el último gobierno franquista. Convalidó con su firma las sentencias de muerte de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarría, fusilados el 27 de septiembre de 1975.

Utrera Molina

5) Alfonso Osorio García -  nacido en Santander el 13 de diciembre de 1923. Ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la Monarquía presidido por Arias Navarro (diciembre de 1975 a julio de 1976). Junto a Rodolfo Martín Villa – cuya imputación fue solicitada por los querellantes y también está pendiente de resolución por parte de la jueza – resolvió que fuera reprimida una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976. La policía asaltó la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, en la que se celebraba una asamblea obrera  y luego reprimió brutalmente a quienes salían de la misma. Fueron asesinados cinco trabajadores: Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y hubo más de cien heridos.

Judicatura:

6) Antonio Troncoso de Castro- Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Diplomado en Derecho Penal Militar. Ex−Fiscal del Tribunal Supremo. Relacionado con el Proceso de Burgos y otros procesos militares contra militantes vascos.

7) Carlos Rey González – Actualmente ejerce la profesión de abogado, habiendo defendido los intereses de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular de Cataluña, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, que fue recientemente archivado. En 1974 era capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército. Participó como vocal ponente en el Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich. Fue redactor de la sentencia de muerte que fue ejecutada el 2 de marzo de 1974 por medio de garrote vil.

Fuerzas armadas:

8) Jesús Quintana Saracibar - nacido en Vitoria en 1941. Siendo capitán de la Policía Armada dirigió la represión policial que provocó la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976.

9) Jesús González Reglero – nacido el 29 de enero de 1949. Hasta su reciente jubilación fue comisario en la comisaría de la Policía Nacional en Leganés – Madrid. Recibió múltiples condecoraciones. Participó en numerosos actos de tortura en los distintos destinos que tuvo en Madrid, actuando en muchas ocasiones junto a Antonio González Pacheco “Billy el niño”.

10) Ricardo Algar Barrón – nacido el 10 de junio de 1948. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Miembro de la Brigada Político Social. Está acusado de delitos de tortura.


11) Félix Criado Sanz –  nacido en Bilbao el 9 de enero de 1923 – Jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao. Condecorado reiteradamente. Está acusado de delitos de tortura en la querella interpuesta por sacerdotes vascos

12) Pascual Honrado de la Fuente – nacido el 7 de enero de 1929. Condecorado reiteradamente. Está acusado de delitos de torturas cometidas por la Brigada Político Social de Oviedo


13) Jesús Martínez Torres – nacido en 1941. Condecorado reiteradamente. Comisario Genral de Información del Cuerpo Nacional de Policía con destino en el País Vasco y Zaragoza. Citado en numerosas ocasiones como uno de los organizadores del GAL y del Batallón Vasco-Español. Está acusado de torturas cometidas en Zaragoza.

14) Benjamín Solsona Cortés – nacido en 1931. Miembro de la Brigada Político Social en Valencia. Jefe Superior de Policía de Bilbao y Jefe Superior de Policía de Baleares. Está acusado de torturas cometidas en la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

15) Atilano del Valle Oter – nacido el 6 de enero de 1929. Miembro de la Brigada Político Social destinado en Barcelona. Condecorado reiteradamente. Está acusado de torturas e intento de asesinato en la Brigada Regional de Investigación Social de Barcelona.

Bebés robados:

16) Abelardo García Balaguer, médico ginecólogo de la Línea de la Concepción, Cádiz, y recientemente jubilado. Está denunciado por varias víctimas de apropiación de niños. El pedido del Fiscal se solicita en concreto por el caso de Flor Díaz Carrasco que busca a su hermano desparecido en el Hospital Municipal de la Línea el 6 de noviembre de 1967.

La Iglesia:
Además, el fiscal Ramiro González pide que se solicite al Vaticano y a los arzobispados españoles para que remitan a la causa toda la documentación que consta en sus archivos relativa a la colaboración de la Iglesia española con la dictadura franquista, en relación con la querella presentada por los curas que estuvieron presos en la cárcel de Zamora.

Exhumaciones:

Solicitud de exhumaciones, en relación con las denuncias y querellas interpuestas por distintos familiares de personas enterradas en fosas comunes.

Caso Companys:

Solicitud a la Generalitat y al gobierno de España de toda la documentación relativa a la detención, tortura y fusilamiento del presidente Lluis Companys y visita al castillo de Montjuïc, en relación con solicitud de querellantes catalanes.

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